Ilustración: Alejandro Azurdia/s21
De acuerdo con Eduardo Magermans, director de la campaña No retrocedemos, que se enfoca en la concienciación, denuncia y erradicación de la violencia sexual en contra de la niñez, el apoyo de IJM se concentró en analizar la eficacia de la respuesta del sistema de justicia ante la problemática de la violencia sexual en contra de niños y niñas.
En el estudio se destaca que entre los años 2008 y el 2012, se presentaron 36 mil 166 denuncias por abuso sexual en contra de menores, de las cuales un 88.32% de las víctimas fueron niñas adolescentes.
Asimismo, se encontró que un 18% de los casos denunciados fueron desestimados en la etapa temprana del proceso penal. Mientras que el 82% de las denuncias avanza a la etapa de investigación por parte del Ministerio Público (MP).
Lo dramático del estudio, según Magermans, es que solamente en uno de cada 10 casos de violencia sexual en contra de niños y niñas se logra una acusación formal y juicio, aunque no siempre se llega a una sentencia firme.
Estudiar la situación del país, en este tema, fue el elemento principal de la investigación realizada por IJM; esto como parte del programa de reformas al sector justicia. También se trabaja en reforzar las acciones y la implementación de programas y talleres preventivos, que se están trabajando con los niños y niñas en el interior del país por distintas instancias que buscan erradicar este tipo de violencia.
“Pese a que el problema ha existido en Guatemala por siempre, no ha sido visible para las instancias que se encargan del cuidado y la protección de los menores”, señaló Magermans.
La manera en que se procede para dar seguimiento a las denuncias consiste en presentarlas en conjunto con el MP, la Procuraduría General de la Nación (PGN), organizaciones de sociedad civil especializadas en brindar acompañamiento legal, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), entidades que cierran el círculo de protección y atención inmediata a la víctima.
EN EL NÚCLEO FAMILIAR
Datos del MP establecen que, en la mayoría de los casos de denuncias por abuso sexual contra menores, el agresor es parte de la misma familia o una persona allegada al núcleo familiar de la víctima. Los departamentos con mayores índices de este tipo de delitos son: Guatemala, Escuintla, Chiquimula, Alta Verapaz y Chimaltenango.
En estos dos últimos departamentos mencionados, los hechos de agresión sexual se reportan mayormente entre la población indígena, con el agravante que por un hecho cultural prevalece el silencio y hasta la convivencia de las menores con el agresor. En estos casos las agresiones no solo son silenciadas, sino continuadas e invisibles.
SIN DISCRIMINACIÓN
El abuso sexual infantil no ocurre solo en poblaciones marginales. Abarca todas las culturas y clases sociales. Afortunadamente, en la actualidad, las personas involucradas se están animando a denunciarlo, lo que se refleja en una mayor cantidad de consultas, tanto en los hospitales públicos como privados.
Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes (FS), señaló que se han establecido protocolos de atención y protección a los menores que son víctimas de estas agresiones, de tal cuenta que otro de los factores que inciden en el mayor número de denuncias es que ahora los hospitales en todo el país tienen el mandato de presentar de oficio la denuncia cada vez que atienden médicamente un caso relacionado con violencia sexual contra menores.
De acuerdo con Cruz, cuando el abuso ocurre en el ámbito familiar, es más difícil trabajar en el tema, debido a que en el caso de niños pequeños o personas con discapacidad, la información solo llega por medio de terceros y que es difícil muchas veces tener la versión del propio núcleo familiar.
DAÑOS PSICOLÓGICOS
La psicóloga infantil Cindy Juárez explica que para tratar el problema es preciso establecer primero un criterio sobre el abuso sexual a menores, el cual se caracteriza por cualquier solicitud o ejercicio de contacto, caricias, juegos o toqueteos, en los que al menos uno de los implicados no desea, conoce o carece de conciencia de lo que está pasando y que se obtiene por la fuerza o la ascendencia con la víctima.
Con base en esta definición, dice la psicológa, es cuando nos damos cuenta de la gravedad del problema, porque en la mayoría de los casos y sobre todo en casos de niños menores de 9 años, los abusos son cometidos por personas que cuentan con la confianza y hasta el afecto de los pequeños. Cosa que mental y psicológicamente es difícil de superar y curar.
El abuso sexual infantil constituye un importante factor de riesgo para el desarrollo de una gran diversidad de trastornos psicopatológicos en la edad adulta, agrega la profesional.
El abuso a menores afecta diferentes áreas de la vida de la víctima. En el largo plazo, los afectados suelen tener dificultad para interactuar con otras personas y el otorgamiento de la confianza. Esto es más grave cuando la o el menor abusado forma parte de un grupo social cerrado, en el que todos se conocen y conviven, o cuando por cuestiones de tipo social o cultural, ni siquiera se hace la denuncia, indica Juárez.
Debido a que es un problema que va en aumento en Guatemala, se impulsa la campaña No retrocedemos, de la Misión Internacional de Justicia, que busca utilizar las posiciones de liderazgo político y de ciudadanos y ciudadanas para crear la conciencia social y romper el silencio, considerado el principal cómplice del abuso sexual a niños y niñas a nivel nacional.
No retrocedemos
Una campaña de concientización
La Misión Internacional de Justicia (IJM, por sus siglas en inglés) impulsa la campaña No retrocedemos, que busca un compromiso de la sociedad guatemalteca, pero principalmente de los candidatos presidenciales, quienes, de resultar electos, firmen el compromiso de apoyar las iniciativas ya existentes y usen su liderazgo para combatir la impunidad en casos de violencia sexual.
Según IJM, este delito ha impactado la vida de los más débiles de la sociedad, y debido a la falta de acceso a la justicia provocó que las víctimas afrontaran las consecuencias de lo que consideran un crimen.
Lo que se pretende es construir un futuro libre de impunidad de la violencia sexual en Guatemala, por medio de diferentes estrategias ya iniciadas, y que el Gobierno comprometa los recursos para dar atención integral a quienes sufren de ese tipo de abusos.
También, que haya un sistema de justicia más sensible hacia las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual, además de la continuación de esfuerzos preventivos. Hasta el momento, solo han firmado el compromiso los candidatos Zury Ríos, José Ángel López, Jimmy Morales, Alejandro Giammattei, Lizardo Sosa y Luis Pérez.
